Tarragona, 23 mar (EFE).- La Fiscalía pide penas que suman 110 años de cárcel y más de 300 millones de multa para cuatro agentes de la Guardia Civil y doce personas más por su participación en el desembarco de más de 3.100 kilos de hachís en Alcanar (Tarragona), en un juicio que empezará mañana en la Audiencia

Según el escrito de la Fiscalía, los hechos tuvieron lugar en octubre del 2007 en la costa de Alcanar, cuando los agentes dieron cobertura a una organización de marroquíes y españoles para que pudieran recibir una gran partida de droga a través de una embarcación semirrígida procedente del norte de África.

La investigación se inició en mayo del 2007 con la intervención de los teléfonos móviles de cuatro agentes de la Guardia Civil del cuartel de Sant Carles de la Ràpita (Tarragona) -Al-lal M. A., Francisco S. Z., Jesús B. M y José Antonio A. H., de entre 41 y 56 años-, por las sospechas de su implicación en tráfico de drogas.

Las escuchas indicaron que pretendían contactar con proveedores de droga del norte de Africa para que pudieran desembarcarla y luego ponerla a disposición de grupos que después la distribuirían en España.

Después de un operativo fallado por mala mar en el puerto de Sant Carles de la Ràpita, los acusados planificaron un nuevo desembarco en octubre del 2007.

En cuanto la embarcación finalizó las actividades de descarga se personaron en el lugar agentes de la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Civil que formaban parte del operativo dispuesto a raíz de las revelaciones obtenidas mediante las escuchas telefónicas.

Los agentes procedieron a la detención de los descargadores de los fardos de hachís, así como de los agentes de la Benemérita que serán juzgados a partir de mañana.

En el lugar de los hechos se intervinieron 101 fardos con 3.169 kilogramos y con un valor en el mercado de 4.379.558 euros, la embarcación, dinero en efectivo, varios teléfonos móviles y cuatro vehículos.

Por otro lado, la fiscalía también acusa los agentes Al-lal M. A, Jesús B. M. y José Antonio A. H. de haber sustraído durante los meses de abril y mayo del 2007 dos fardos de hachís, de 60 kilos de peso, del cuartel de Sant Carles de la Ràpita, que luego vendieron y por el que cada uno obtuvo 11.000 euros.

Por ello, este tres agentes están acusados de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas con la concurrencia de agravante de extrema gravedad y de un delito de malversación de capitales públicos, por los cuales la fiscalía pide 11 años de prisión, una multa de 20 millones y nueve años de inhabilitación para cada uno.

Al cuarto agente implicado, Francisco S. Z., se le acusa de tráfico de drogas con el agravante de extrema gravedad y el fiscal solicita para él seis años de prisión y una multa de 20 millones.

Con respecto a los otros diez individuos que se hallaban cerca de la vivienda donde se produjo el desembarco, están acusados también de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas con el agravante de extrema gravedad, y la fiscalía pide para todos ellos penas de seis años de prisión y multas de 20 millones.

Además, Tzaufik M. M., el hombre con quien se negoció el desembarco fallido, está acusado de tráfico de drogas con los agravantes de conspiración y reincidencia y se enfrenta a un año y diez meses de cárcel.

Por último, la mujer de uno de los agentes, Fatima M. C., metida en el ajo desde su residencia de Melilla, está considerada cómplice de un delito de tráfico de drogas y la fiscalía ha solicitado para ella tres años y medio de prisión y una multa de 5 millones.

El juicio se celebrará en la Sección Segunda de la Audiencia de Tarragona desde mañana y hasta el 9 de abril.

Fuente: La Vanguardia, Agengia EFE

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